Los post de Sergio Cámara Arroyo

La prisión permanente revisable, ostentosa apuesta punitiva promovida por el Ministerio de Justicia, se ha convertido en la protagonista indiscutible de la nueva reforma penal en ciernes. Con permiso de otras nuevas figuras penales que convergen en los Anteproyectos de reforma del Código penal (ACP 2012) -como la custodia de seguridad-, la reintroducción de la “cadena perpetua” ha suscitado mayor rechazo que acogida, tanto desde la doctrina como entre los operadores jurídicos especializados.

Y es que, si bien puede hablarse de una vuelta a tiempos pretéritos en los que nuestra legislación penal recogía el término “a perpetuidad” en la sanción correspondiente a determinados hechos delictivos, lo cierto es que tal reintroducción no deja de ser históricamente relativa. A pesar de que, en efecto, en la Novíssima Recopilación se indicaba que la pena de galeras podría cumplirse a perpetuidad, finalmente quedaría restringida, por su crudeza para el penado, a un máximo de 10 años (a salvo de las cláusulas de retención). Y si nuestros primeros Códigos penales de 1822, 1848 -y su posterior reforma de 1850- y 1870 recogían en su articulado penas de trabajos forzados o de reclusión perpetuos, la realidad es que su efectiva aplicación cayó en saco roto o fue atemperada con indultos obligatorios cuando se hubieran cumplido 30 años de encierro (González Collantes).

Que la evolución de nuestro ordenamiento penal desterrara desde 1928 de su elenco de penas esta clase de castigo es un claro indicativo de que nunca fue demasiado efectivo o siquiera necesario. No obstante, la evidencia racional, que se ha transmitido hasta la saciedad desde el ámbito de la Criminología, de que las penas de prisión de larga duración no son plenamente efectivas para la desaparición o reducción de la delincuencia, no ha impedido que en la última década nuestra legislación penal se haya aproximado al concepto de prisión perpetua, si bien de un modo encubierto.

Como es bien sabido, desde la reforma de 2003, en nuestro Código penal se recogen penas de hasta 40 años de duración para algunos supuestos de acumulación jurídica (art. 76 CP). Si a este hecho se le añade la restricción de los beneficios penitenciarios (art. 78 CP), el resultado es materialmente muy cercano a la prisión perpetua, si bien formalmente no se ha sustantivado en esos términos.

Pese a tal circunstancia, puede afirmarse que, hoy por hoy, pocos penados llegan a cumplir efectivamente estas cotas de exasperación punitiva. El rigor penal puede imperar sobre el papel, pero el humanitarismo penitenciario español, utilizando la expresión de mi maestro el Prof. Sanz Delgado, ha puesto frecuentemente freno a estos excesos ineficientes. En definitiva, se trata de cimas penales que, como ha afirmado el Prof. García Valdés, “no van a cumplirse por mucho que diga la nueva reforma punitiva, pues de nuevo la esencia de nuestra historia penal y penitenciaria, dulcificadora no se olvide, pondrá las cosas en su sitio y por la vía del expediente individual repondrá la extensión de las condenas a su justo y razonable término”.

Por otra parte, se han esgrimido argumentos en favor de la implementación de la prisión permanente revisable en nuestro derecho positivo que han encontrado acomodo en un sector minoritario de la doctrina (Manzanares Samaniego, Rodríguez Ramos) y que quedan recogidos en la Exposición de Motivos (II) de los dos Anteproyectos de reforma (ACP de 16-7-2012 y ACP 11-10-2012, respectivamente) resumidos en la siguiente síntesis: 1. Valoración de la especial gravedad de determinados delitos particularmente reprochables; 2. Carácter extraordinariamente limitado con el que podrá ser impuesta; 3. No renuncia a la reinserción ni a la humanidad, puesto que se establece la posibilidad de “revisión periódica”; 4. Se trata de un modelo extendido en el Derecho comparado; 5. Las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH 7-7-1989, 16-11-1999, 11-4-2006, 12-2-2008 y 3-11-2009) avalan la compatibilidad de la pena de prisión permanente revisable con la Convención Europea de Derechos Humanos; 6. Informe favorable del Consejo de Estado sobre la constitucionalidad de las penas de duración indeterminada -pero revisable- a la luz de lo dispuesto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

No obstante, los argumentos esgrimidos en los ACP 2012 no parecen haber convencido a importantes sectores del campo académico y práctico (Fiscalía General del Estado, FGE; Consejo General del Poder Judicial, CGPJ; y el Consejo General de la Abogacía Española, CGAE), que han elevado poderosas críticas a cada uno de estos fundamentos. El modesto objetivo de este post, y del que le seguirá, es, precisamente, recoger tales críticas y exponerlas de un modo sintético para valorar el alcance de la introducción de esta nueva figura penal y la incidencia -o distorsión- que puede tener dentro de nuestro sistema jurídico-penal.   

I. Terminología y constitucionalidad

Lo primero que ha llamado la atención respecto a la introducción de la prisión de duración indeterminada es la propia terminología empleada por el pre-legislador (García Amado). Se descarta, de este modo, el denominativo rigorista de “cadena perpetua” y se recurre a un léxico engañoso destinado a orillar el posible escollo constitucional. Así, es posible desligar el significado de la prisión permanente revisable, más próximo en realidad a la antigua sentencia indeterminada (no extraña, por tanto, que incluso se barajara, en alguno de los debates parlamentarios, el término “prisión indefinida revisable”), del concepto de cadena perpetua con carácter de encierro vitalicio, a todas luces inconstitucional.

Ignora esta formulación las desventajas que ya demostraron históricamente la inviabilidad de la sentencia indeterminada absoluta en nuestro país, por lo que fue erradicada en tiempos de Carlos III en todo tipo de condenas y castigos -Novíssima Recopilación, Libro XII, Título XL, Ley XV, Real Orden, de 24 de agosto, de 1772- para evitar la desesperación de los reos, que provocaba toda suerte de efectos adversos.

Sin embargo, el eje central del debate acerca de la prisión permanente revisable se centra en su constitucionalidad. Sobre esta cuestión, el Prof. Cuerda Riezu ha esgrimido importantes argumentos acerca de la inconstitucionalidad de la nueva figura penal, principalmente por considerarla contraria a la previsión preventivo-especial contenida en el arts. 25.2 CE y 1 de la LOGP. En este aspecto, si bien nuestro Tribunal Constitucional ha indicado en reiteradas sentencias que la prevención especial, esto es, la reeducación y reinserción del penado, no es el único fin legítimo de la pena, no es menos cierto que en nuestro ordenamiento constitucional la rehabilitación del condenado se consagra como orientación principal de nuestras penas y medidas de seguridad. Siendo este el principio de política criminal fundamental a tener en cuenta, sin perjuicio de entender otros posibles como el de justicia (art. 1 CE) o retención y custodia (art. 1 LOGP), parece que la prisión permanente revisable (y, en general, cualquier prisión que se extienda por encima de los 15 años de duración, según informes del Comité Europeo Contra la Tortura) interpone graves inconvenientes para la efectiva reincorporación del penado a la sociedad. En cualquier caso, toda prisión perpetua, por mucho que sea revisable, no puede entenderse como “orientada” a un fin preventivo especial (Emilio Campmany).

Siguiendo al primero de los autores citados, la prisión permanente revisable sería asimismo inconstitucional al vulnerar el mandato de certeza, derivado del principio de legalidad, recogido en el art. 25.1 CE. La indeterminación de la condena, amén de provocar efectos perniciosos en el propio condenado, imposibilita que la pena sea proporcional al delito y podría llegar a quebrantar el principio de igualdad (art. 14 CE) ya que ante dos condenas iguales de prisión indeterminada los plazos de cumplimiento no serían los mismos. No obstante, en mi opinión, hay que tener en cuenta que las circunstancias personales de los penados pueden ser diferentes e influir en el juicio de peligrosidad de la revisión, por lo que no se vulneraría tal principio.

Por último, pero no menos importante, la naturaleza de la prisión permanente revisable choca con el principio de humanidad de las penas. Toda cadena perpetua que no esté sometida a término puede vulnerar la prohibición de penas o tratos inhumanos o degradantes contenido en el art. 15 CE (STC 181/2004). Ciertamente, la cualidad de “revisable” pretende salvar esta cuestión, ofreciendo al reo una posibilidad de libertad. Sin embargo, el excesivo periodo de seguridad al que se somete la primera de las revisiones (35 años) pone de manifiesto cierta irracionalidad del castigo que siempre estará sujeto a la indeterminación de un examen de peligrosidad. En este aspecto, los mecanismos de revisión de la prisión perpetua en España serán insuficientes, y muy dilatados en el tiempo, comparados con las legislaciones de los países europeos que contemplan esta pena. Si, actualmente, cabe plantearse la inconstitucionalidad de las penas de 40 años en nuestro vigente CP (Gimbernat Ordeig), con mayor razón deberíamos contemplar toda precaución en el caso de penas de prisión indeterminada pero cuyos mínimos de cumplimiento prácticamente ascienden a esa cantidad de años.

Ahora bien, a pesar de lo indicado, algunos autores sostienen que la posibilidad de revisión es la panacea que garantiza la constitucionalidad de la prisión perpetua. Así parece demostrarlo, además, el bagaje constitucional de los países europeos que han adoptado esta medida en sus ordenamientos jurídico penales y el marco supranacional acerca de su adopción. Sin embargo, en la regulación prevista en los ACP 2012 se exaspera considerablemente el mínimo de cumplimiento antes de la revisión que desborda todas las previsiones internacionales y de Derecho comparado.

Ciertamente, el art. 77 del Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional), establece la posibilidad de  reclusión a perpetuidad, cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. No obstante, se observan en dicho Estatuto ciertos matices, previstos en el art. 110, que recogen la revisión y reducción a 25 años de prisión en el caso de la cadena perpetua. Del mismo modo, la regulación de la prisión permanente revisable en los países de nuestro entorno ofrece un marco de revisión más plausible: a partir de los 7 años en Irlanda, de los 10 en Bélgica y Finlandia, 12 en Dinamarca, 15 en Austria, Suiza y Alemania, 20 en Grecia, 20/25 en Gran Bretaña, 22 en Francia y, finalmente, 26 en Italia.

Finalmente, aún siendo posible salvaguardar la legitimidad formal (constitucionalidad) de la prisión permanente revisable en nuestro país con los argumentos anteriormente expuestos, su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico-penal tendría que responder a una legitimidad material o práctica de su ejecución. En este sentido, cabe plantear la innecesariedad de la nueva institución punitiva, por cuanto: a) Como ya se ha señalado, actualmente existen penas privativas de libertad de larga duración; b) El elenco de delitos especialmente graves escogidos no supone un alto porcentaje de los delitos totales cometidos, y el número de condenas de prisión de duración superior a los 5 años abarca solamente el 1,9% del total de penas privativas de libertad (según los datos oficiales presentados por el INE para 2012); c) Existe cierta confusión en la reforma acerca de la diferencia fundamental entre peligrosidad criminal, en la que está basado el establecimiento de una medida como la prisión permanente revisable (además de la gravedad del delito), y la peligrosidad penitenciaria (tan sólo el 1,79% del total de reclusos se encuentran en el primer grado de tratamiento, según la última estadística mensual de IIPP); d) No se ha realizado -al menos no se ha publicado- ningún estudio criminológico oficial que avale un aumento de la criminalidad grave o de las “altas cotas” de reincidencia de esta clase de delitos; e) El establecimiento de periodos de seguridad -mínimos de cumplimiento- y restricción de beneficios penitenciarios que conlleva la pena de prisión permanente revisable supone, nuevamente, una distorsión de nuestro eficaz sistema penitenciario de individualización científica; f) Actualmente se produce la paradoja del mantenimiento de un número considerable de reclusos, aún sin llegar a cotas insostenibles, a pesar de conservar unos bajos índices de criminalidad a nivel estatal, por lo que medidas como la prisión permanente revisable pueden contribuir al estancamiento de la situación y a elevar el coste económico de la misma.

Estas razones llevan a sostener, tal y como ha reiterado un importante sector de la doctrina (Gimbernat, García Arán, López Garrido), que bajo la pretensión de “reafirmación del valor Justicia” en realidad subyacen razones efectistas y simbólicas destinadas a aplacar la sensación de inseguridad (Silva Sánchez) y el alarmismo social que provocan determinadas -y minoritarias- actuaciones especialmente execrables cometidas por un reducido número de delincuentes. En definitiva, la prisión permanente revisable obedece mayoritariamente a razones de índole política (ni siquiera de adecuada política-criminal a la luz del citado art. 25.2 CE) rayanas en el denominado populismo punitivo. Los esfuerzos del pre-legislador parecen centrarse, por tanto, en una función tranquilizadora que promete a la sociedad una protección contra un determinado ámbito de nuestra criminalidad, pero olvida el alto coste que supone retroceder en las conquistas irrenunciables del humanismo y la racionalidad/proporcionalidad de nuestro sistema penal. La decisión aparece como unidireccional, pues no explica ni educa a la ciudadanía acerca de los límites de un ordenamiento jurídico garantista y excepcional como debería ser el Derecho penal y se limita a recoger el sentimiento vindicativo del conjunto de la sociedad.




Sergio Cámara Arroyo

Doctor en Derecho Prof. Asociado Derecho penal (Unir)

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