Los post de Marta Sánchez Esparza

Cuando los reporteros del corazón se acerquen esta semana a la tonadillera Isabel Pantoja, sentada desde hoy en el banquillo de los acusados a raíz de una investigación sobre su patrimonio desgajada del caso ‘Malaya’, tendrán una herramienta menos para atraer a sus platós a la artista, a su exnovio, Julián Muñoz –también inmerso en el juicio- o a Maite Zaldívar. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó ayer una saludable propuesta de Coalición Canaria para instar por ley a las televisiones a que no paguen a cambio de entrevistas con condenados o con imputados que tienen todavía cuentas pendientes con la Justicia. La historia de la telebasura se ha nutrido con frecuencia de este tipo de testimonios, donde el inculpado sacia el morbo y la curiosidad de la audiencia con relatos que suelen servir para que justifique o niegue sus actividades presuntamente delictivas, y que en muchos casos se encuentran aún ‘sub iudice’, veladas por el sigilo necesario para la eficacia de la investigación judicial. Procesos judiciales como el abierto contra Isabel Pantoja por blanqueo de capitales forman parte de esa historia de testimonios en ‘prime time’, con revelaciones explosivas comentadas por tertulianos legos en derecho, que tan pronto alteraban el ritmo de las pesquisas policiales como multiplicaban los dígitos de las cuentas corrientes de los entrevistados. Así sucedió con la exmujer de Julián Muñoz, Maite Zaldívar, cuyas declaraciones a una televisión sobre las bolsas de basura con dinero negro que traía a casa su marido la hicieron entrar definitivamente en el Olimpo de las celebridades del corazón, hasta el punto de que, ya en abril de 2003, recién separada de su marido, constituyó una sociedad para gestionar sus ingresos televisivos. La mercantil llegó a percibir en 2005 más de 111.000 euros de la agencia de televisión Korpas a cambio de sus entrevistas. En el caso de Julián Muñoz, procesado y condenado repetidamente por prevaricación urbanística y enjuiciado actualmente por el caso ‘Malaya’, Tele 5 se encargó en 2008 de ‘aliviar’ sus penurias económicas con otra polémica entrevista, por la que le abonó nada menos que 350.000 euros. Cabe recordar que Muñoz tenía pendiente el cumplimiento de varias sentencias, y que son muchos los procedimientos en los que se le han requerido fianzas para garantizar sus responsabilidades civiles. Ni que decir tiene que estas entrevistas no sirven para depurar correctamente los hechos, que convierten los delitos en motivo de lucro y de fama a través de la pequeña pantalla y de las consiguientes exclusivas en la prensa rosa, que los profesionales de la televisión no son remunerados con semejantes cantidades, y que estos pagos ayudan a personajes condenados por delitos muy graves a enriquecerse cuando aún no han satisfecho económicamente el perjuicio que han generado. El mensaje que se lanza al ciudadano es claro, rotundo y pernicioso: delinquir vende, trae cuenta. Lo triste del caso es que la moción de Coalición Canaria era bastante más audaz que el texto que finalmente se ha aprobado, modificado a instancias de CiU y PP. La formación pedía una reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual para prohibir expresamente a las cadenas hacer estos pagos. Los cambios introducidos por PP y CiU dejaron ayer la propuesta en un leve emplazamiento a las cadenas para acabar con esos cobros. Es decir, lo que hubiese sido un correctivo y un bozal para la telebasura no será, de nuevo, más que una bonita declaración de buenas intenciones.



Marta Sánchez Esparza

Redactora de El Mundo. Experto Universitario en Comunicación Pública y Defensa. Profesora del Máster de Liderazgo y Comunicación de la Universidad de Málaga.

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