Los post de Guillermo García González

Entre las diferentes modalidades de gestión preventiva, y en congruencia con el ánimo del legislador de favorecer la integración de la prevención en las pequeñas y medianas empresas, la Ley 25/2009 y el Real Decreto 337/2010 modificaron el régimen de asunción personal por el empresario de la actividad preventiva configurado en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y en el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP). De acuerdo al artículo 30.5 LPRL y 11 RSP, el empresario podrá asumir directamente la actividad preventiva de su empresa siempre que concurran las siguientes condiciones en su organización productiva:
  • Empresas de hasta diez trabajadores.
  • El empresario debe desarrollar de forma habitual su actividad en el centro de trabajo, y ello con independencia de que su trabajo sea manual o directivo. ¿Es necesario para poder optar por esta modalidad organizativa que el empresario sea persona física? Aunque del literal de la norma parece deducirse que el empresario debe ser persona física para poder optar por esta modalidad organizativa, nada parece oponerse a que esta modalidad fuera acogida por un empresario societario, cuyo socio mayoritario prestara sus servicios directamente en el centro de trabajo.
  • Que la actividad desarrollada no sea de las recogidas en el Anexo I RSP. ¿Qué consideración tienen aquellas empresas que desarrollan diferentes actividades, algunas insertas en el Anexo I y otras excluidas? Resulta dudoso si se puede acoger a esta modalidad organizativa aquella empresa en la que sólo alguna fase de su proceso productivo se encuadre  en el Anexo I RSP, si bien, la doctrina mantiene que en estos casos no cabe la asunción personal de la prevención por el empresario.
  • El empresario ha de contar con la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, de acuerdo a lo determinado en el Capítulo VI RSP, y que por tanto, nunca podrán ser inferior a la formación de nivel básico. ¿Es la formación de nivel básico suficiente en cualquier caso? En principio la formación de nivel básico es un mínimo exigible para que el empresario pueda asumir la prevención en su organización. No obstante, en función de la empresa y de la actividad preventiva que quiera desarrollar el empresario es posible exigirle una formación más completa. En este sentido algunas autoridades laborales autonómicas, como la de la Comunidad Valenciana, exigen para que el empresario pueda impartir la formación preventiva del art. 19 LPRL que cuente con la formación correspondiente al nivel intermedio.
  • No cabrá la asunción de la vigilancia de la salud por parte del empresario, debiendo cubrirse esta actividad, así como todas aquellas especialidades preventivas no asumidas personalmente por éste, por alguna de las modalidades preventivas contempladas legalmente (normalmente servicio de prevención ajeno o trabajadores designados).
  • La asunción de la prevención por el empresario, concurriendo todos los requisitos necesarios para que opere, será en todo caso facultativa para el mismo. ¿Se puede considerar esta modalidad organizativa como obligatoria en las pequeñas y medianas empresas? En principio esta modalidad de organización preventiva es voluntaria, pudiendo el empresario escoger otras modalidades diferentes (servicio de prevención ajeno, trabajadores designados, etc.). Así quedó establecido por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de julio de 2004.
Las políticas públicas preventivas han venido dirigidas a favorecer este modelo de organización en las pequeñas y medianas empresas, por entender que con ello se favorece la efectiva integración de la prevención de riesgos laborales en la gestión de las mismas. Se pretende, en última instancia, superar el carácter residual que la asunción preventiva del empresario ha tenido en los primeros años de vigencia de la LPRL frente a las otras modalidades de organización de la prevención previstas legalmente. La cuestión reside en valorar si el pequeño empresario español está capacitado y, esencialmente, concienciado, para gestionar eficazmente la prevención de riesgos laborales en su empresa



Guillermo García González

Doctor en Derecho. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Técnico Superior en PRL. Profesor de Derecho del Trabajo de UNIR.

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